lunes, 22 de octubre de 2012

La administración da la espalda a las familias de la Corrala La Alegría al mes de su desalojo

  • No se ha cumplido ninguno de los compromisos políticos anunciados en las reuniones
  • La única respuesta oficial que han recibido es una citación judicial, como imputadas
Cumplido un mes del desalojo de la Corrala de Vecinas La Alegría, ocurrido el pasado 20 de septiembre, las familias denuncian que no se han cumplido ninguna de las promesas lanzadas en las reuniones mantenidas en este periodo con distintas administraciones públicas. Sólo han recibido una respuesta oficial: su citación judicial, como imputadas, sin especificar de qué delito se les acusa. 

Un momento del desalojo de La Alegría.
Fotografía: Diagonal/Carmen Caballero
En la madrugada del pasado 20 de septiembre, un dispositivo de la Policía Nacional ejecutó el desalojo de las cinco familias de la Corrala de Vecinas La Alegría, que permanecían realojadas desde finales de agosto en un inmueble vacío desde hace varios años, ubicado en el número 158 de la calle Feria. Las familias denunciaron el carácter de “desalojo exprés” decretado por el Juzgado de Instrucción Nº 13 de Sevilla, en comparación con la lentitud de la Justicia en “casos de corrupción que afectan a políticos, empresarios y personajes destacados”.

Desde ese momento, las familias han mantenido reuniones con distintas administraciones, para buscar una solución a su situación y trasladarles su obligación de velar por la ciudadanía, ejecutando medidas que hagan efectivo el derecho a la vivienda y detengan la sinrazón de tantas familias que son desahuciadas a diario. Según La Alegría, “las distintas administraciones con las que nos hemos reunido nos han dado la espalda, sin cumplir ninguno de los compromisos adquiridos, la única respuesta oficial que hemos tenido es una citación judicial, como imputadas de un delito no especificado, para el próximo 18 de diciembre, en el Juzgado de Instrucción Nº 13 de Sevilla”.

El mismo día del desalojo, en el contexto del encierro protagonizado en la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, mantuvieron un encuentro con la titular en Sevilla, Granada Santos, y con el subdirector de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), Rafael Ibáñez. La delegada provincial se comprometió en ese momento a difundir un comunicado público con medidas de apoyo a la grave problemática de la vivienda, entre ellas, el impulso de mesas de convergencia entre personas afectadas y la propia Consejería. Según La Alegría, “no hemos tenido noticia de este comunicado ni se han puesto en contacto con las familias desde entonces”. 

Los días 21 y 27 de septiembre, la Corrala La Alegría se reunió en el Ayuntamiento de Sevilla con la concejala del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, María Dolores de Pablo-Blanco, a la que se sumó, en el segundo encuentro, la directora general de Servicios Sociales, adscrita a esta área, Nuria Hernández. La concejala no ofreció solución alguna, limitándose a señalar que su departamento “no tiene viviendas”, recordándoles las familias su responsabilidad de garantizar el acceso al parque público de viviendas municipales. También declararon “que es una indecencia que haya familias en la calle y pisos públicos de titularidad municipal vacíos desde hace tiempo”, además de recordar cómo la propia empresa municipal de la vivienda de Sevilla, EMVISESA, se ha convertido en una de las principales ejecutoras de desahucios, en vez de apoyar a las familias en situación de emergencia social.

La Corrala de Vecinas La Alegría llama la atención sobre cómo el Derecho Constitucional a la vivienda queda en el olvido “cuando se trata de defender los intereses de los más poderosos, aún cuando sean los responsables de la crisis que sufrimos”, en alusión a la figura de Antonio de Bayas Salas, administrador único de la sociedad propietaria del inmueble, INVERSIONES PLAZA NUEVA 9, S.L., con esta misma función en siete empresas inmobiliarias más, además de ejercer cargos diversos en otras tres. A este currículo se suma su responsabilidad en las “polémicas recalificaciones de terrenos en municipios de la zona metropolitana de Sevilla como Mairena del Aljarafe”. La sociedad propietaria prorrogó hasta en tres ocasiones el periodo de carencia de la hipoteca del inmueble adquirida con BANKIA, que no tiene salida en el mercado actual, ya que debería vender el metro cuadrado a casi el doble del precio actual de la zona, por lo que “estamos ante el caso de un activo tóxico de Bankia, que pasará a manos del Banco Malo para absorber con fondos públicos la deuda privada creada por este tipo de aventuras empresariales”.

“Después de un mes en la calle, seguiremos luchando por el derecho a una vivienda digna”, señala La Alegría, reivindicando “el acceso a un alquiler social para familias que padecen la crisis y que la inmensa bolsa de viviendas vacías, sin salida en el mercado, sirva para crear un amplio parque público de viviendas que sirva para realojarlas”.

Cacerolada ante el Ayuntamiento de Sevilla en protesta por el desalojo.
Fotografía: Guillermo García.

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